Por Rommel Rodríguez
Área de Macroeconomía y Desarrollo
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
En los primeros meses de 2019, organizaciones de trabajadores, tanques de pensamiento, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) y los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, han puesto en la palestra de la opinión pública la necesidad de una reforma del sistema previsional. Tal parece que los resultados de la reforma de 2017 no han sido bien recibidos por los nuevos jubilados, especialmente por el grupo que conforma los optados B y obligados A, que perciben que se han reducido sus beneficios aún cuando la reforma, con sus limitaciones, le imprimió mayor equidad al sistema; al tiempo que procuró una mejor pensión en el largo plazo. Sin embargo, a pesar de estos supuestos logros, la mayor parte de la población no ve que la contrapartida de un alza de dos puntos en la tasa de cotización (cambio del 13% al 15%) y el inminente incremento en la edad de jubilación sean equivalentes a las pensiones que están recibiendo los nuevos jubilados.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), como actor relevante de la vida nacional, no ha estado exenta de esta dinámica. En este sentido, se ha participado en lo que va del año en encuentros de diálogo con organizaciones de trabajadores y también en los espacios de los medios de comunicación. Durante nuestra participación el mensaje central ha sido que la problemática de pensiones no puede verse como un tema aislado a la misma problemática fiscal que tiene el país, por lo que toda política orientada a atender las dificultades debería llevar a atacar ambos flancos.
Si bien lo fiscal es relevante para la sostenibilidad macroeconómica y fiscal, no es menos cierto que un sistema de pensiones con beneficios sumamente altos puede derivar en un mayor endeudamiento a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsional (FOP). De ahí la importancia de adecuar con sumo cuidado y contando con los difíciles apoyos de la población, los aspectos relativos a la suficiencia de las pensiones, la equidad del sistema y la sostenibilidad de los beneficios en el largo plazo.
El gran reto de las autoridades estriba, pues, en rediseñar un sistema que carga desde su inicio con problemas de inequidad debido a los tratos diferentes en los grupos que se conformaron para el traspaso de un sistema público a uno privado. Además, los impactos de la baja rentabilidad financiera de los certificados de inversión previsional (CIP) durante y después del periodo de la crisis financiera mundial que afectó el periodo 2009-2013, principalmente. Además de los retos que enfrenta la consolidación de las finanzas públicas a partir del año 2023 cuando se deberá pagar completamente el pago del servicio de la deuda por la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP).
En tal sentido, la FUNDE siempre estará abierta al diálogo y participación en los espacios que buscan una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, con nuestros aportes técnicos en materia previsional y fiscal con la responsabilidad que nos ha caracterizado en las reformas acaecidas.
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