BOLETÍN DE PRENSA
La Fundación Nacional para
el Desarrollo (FUNDE), Capítulo Nacional de Transparencia Internacional,
presenta los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción que
corresponden al año 2018.
El “Índice
de Percepción de la Corrupción” (IPC) elaborado por Transparencia
Internacional, constituye la herramienta más reconocida y usada
internacionalmente para medir la corrupción en el sector público en la mayoría
de países del mundo, y sus resultados se dan a conocer año con año. Para 2018,
el IPC abarcó 180 países y la calificación obtenida por cada uno procede de las
evaluaciones hechas por instituciones internacionales, a diferentes actores
públicos y privados de cada país.
En el
IPC 2018, El Salvador obtuvo 35 puntos, 2 puntos más que la calificación
obtenida en el año 2017. La escala de calificación va de 0 a 100, donde 0
indica una percepción de altos niveles de corrupción y 100 percepción de ausencia
de corrupción. Con respecto a la posición en el ranking, el IPC 2018 muestra a
nuestro país en la posición número 105, mejorando en 7 posiciones con relación
al año 2017, donde se situó en la posición 112.
Si
bien se ha experimentado una leve mejoría en la calificación, en términos
generales tenemos un estancamiento en cuanto a la percepción de la corrupción: desde
el año 2012 no se superan los 40 puntos en esta medición, siendo la peor la
obtenida en el año 2017 con 33 puntos. Lo anterior, nos indica además que esta
problemática continúa presente en las diferentes instituciones que conforman el
Estado salvadoreño. Esto a pesar de los esfuerzos iniciados, en su momento, por
algunas entidades como la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (la
que por hoy parece estar en una especie de letargo como producto de la
recomposición al interior de la Corte), y la Fiscalía General de la República,
que en la gestión anterior tuvo logros importantes en el combate de este
problema.
Los
procesos penales contra el ex presidente Elías Antonio Saca, y el ex presidente
Mauricio Funes, asociados al desvío millonario de fondos públicos a través de
la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República, así como los
procesos en contra de importantes funcionarios públicos y empresarios, aunque
por un lado son expresiones de avance en la lucha contra la corrupción e
impunidad, por el otro lado también contribuyen a mantener elevada la
percepción de corrupción en El Salvador.
Los
casos de los ex Presidentes antes mencionados sacaron a la luz la que ha sido
una de las principales fuentes de corrupción en el país: el manejo de la partida de gastos reservados de la
Presidencia de la República (según la FGR superan los $650 millones de dólares).
Fondos que fueron aprobados para utilizarse en operaciones de inteligencia, se
destinaron al pago de sobresueldos y compra de voluntades de funcionarios
públicos, así como a la compra de bienes y servicios de forma fraudulenta. En
esto fue clave el encubrimiento de instituciones como el Ministerio de
Hacienda, la Corte de Cuentas y la Superintendencia del Sistema Financiero, y
algunas entidades bancarias.
Por otra parte, el estancamiento en los procesos civiles por enriquecimiento ilícito es evidente. En el año 2018, de los doce casos revisados por la Corte Suprema de Justicia, once fueron exonerados. No se conocen los detalles al respecto, porque la mayoría de los magistrados de la Corte decidieron previamente reservar la información relacionada con estos procesos.
Otro
elemento recurrente que podría estar contribuyendo a la elevada percepción de
la corrupción, son las elecciones de segundo grado que realiza la Asamblea
Legislativa. En el año 2018 se llevaron a cabo los procesos para la elección de
5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, las cuales
tuvieron como común denominador la falta de criterios específicos para la
evaluación de los candidatos, la vinculación partidaria de algunos candidatos,
y la poca fundamentación de las preferencias de los diputados hacia un
candidato en particular. La selección de candidatos vinculados o favoritos de
los partidos políticos en ambas instituciones podría tener como consecuencia privilegiar
a funcionarios y ex funcionarios investigados por presunto enriquecimiento
ilícito, en detrimento de la independencia e idoneidad que los cargos
demandan.
A
pesar de esta situación, fueron importantes las acciones de extinción de
dominio llevadas a cabo por la Fiscalía en contra de los ex presidentes Saca y
Funes. Contra el primero la extinción incluyó 35 bienes inmuebles y la
administración del grupo radial SAMIX; mientras que contra el segundo fueron 14
bienes inmuebles, registrados a nombre de supuestos testaferros. Falta aún
determinar sus bienes y cuentas en el exterior.
Como
Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, reiteramos nuestra voluntad
de continuar colaborando con aquellos sectores estatales o privados que se
sumen al esfuerzo por la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad,
haciendo un especial llamado a los candidatos a la presidencia del país para
que incluyan en sus planes medidas concretas y verificables para enfrentar de
manera efectiva estos flagelos que tanto daño ocasionan. De igual manera,
reafirmamos el compromiso de denunciar esta problemática sin importar
ideologías políticas o posiciones de poder.
San
Salvador, 29 de enero de 2019.
