Por Aida Carolina Quinteros Sosa Síndica de la Junta Directiva de la FUNDE Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
La injusta distribución del
trabajo y los roles de género asignados a hombres y mujeres, tienen graves
consecuencias en la perpetuación de la desigualdad y la transmisión
intergeneracional de la pobreza. Las responsabilidades del trabajo doméstico,
del cuidado y de apoyos al aprendizaje son asumidas fundamentalmente por
mujeres, sean éstas las madres, abuelas, hermanas, tías, esposas u otras
familiares del jefe de hogar; así como otras mujeres fuera de la familia;
independientemente de nivel educativo, quintil de ingresos, lugar de habitación
y situación de pobreza del hogar. El afán de cuidar a su familia
les implica a las más jóvenes sacrificar oportunidades para su futuro, a las
madres limitar el acceso al
mercado de trabajo y a las mayores, menores posibilidades de contar con
jubilación en su vejez. En suma, el trabajo doméstico y el cuidado que
se provee fundamentalmente por mujeres dentro del hogar implica costos
personales muy altos, no solo por agotamiento físico por las horas de trabajo
extra, sino bajos ingresos, empleo precario, discriminación, menores
oportunidades para la vida y para la jubilación; entre otras
desigualdades. Respecto al ingreso, las EHPM
2017 dan cuenta de que las mujeres reciben un menor salario que los hombres,
aun en la misma rama de ocupación y ocupación misma. Los salarios promedios
mensuales para ese año fueron de 377.28 para hombres y 306.81 para mujeres. Es
decir, por cada 100 dólares ganados por los hombres, las mujeres sólo perciben
81. Pero más allá de los salarios, los ingresos en general también reportan ser
mayores para los hombres. En términos generales, éstos registran ingresos de
409.73 USD al mes, mientras que las mujeres un total de 344.81. Adicionalmente, hay estudios que
indican (Beneke, 2016) que las mujeres que participan en el mercado laboral no
lo hacen en las mismas condiciones que sus pares masculinos, ya que son
mayormente empleadas en el sector informal, donde se ubican los empleos más
vulnerables y con ingresos más bajos. Los aspectos más relacionados con el tipo
de participación de las mujeres en el mercado laboral, para el caso
salvadoreño, según este estudio, tienen que ver con la edad, nivel educativo,
jefatura familiar, niños en edad escolar, lugar de habitación, acceso a la electricidad y al agua
potable. Sobre las oportunidades de las
jóvenes, es importante anotar que una buena parte de los jóvenes entre 15 y 24
años se clasifica como persona que no estudia ni trabaja (NINI), pero esta
categoría podría llamar a equívoco, ya que hace pensar que esta población está
dedicada al ocio y si bien existe un porcentaje de jóvenes que permanecen como
desocupados plenos, la gran mayoría de esta población se trata de mujeres
jóvenes que lejos de no trabajar o estudiar, se encuentran realizando labores de
cuidado en su hogar. De hecho, es esa labor la que las mantiene lejos del
empleo o de la escuela. Según la EHPM de 2017, del total de jóvenes que no van
a la escuela ni buscan trabajo remunerado por atender tareas domésticas, el
98.9% son mujeres. Nuevamente, ello indica el desbalance en las oportunidades
para mujeres jóvenes en relación con sus pares masculinos que tiene a su raíz,
una distribución injusta de los roles y responsabilidades familiares. Un estudio realizado para El
Salvador (Rivera y Bolaños, 2016) muestra que ocho de cada 10 nini son mujeres,
siendo la mayoría de ellas, hijas, esposas o compañeras del jefe de familia y
un porcentaje pequeño (6.5%) son ellas mismas jefas de su hogar. Estas jóvenes
viven mayoritariamente en hogares con presencia de al menos un niño o niña,
pertenecen a los quintiles más bajos de ingreso, viven en la zona rural y están
en condición de pobreza. Según Rivera y Bolaños (2016),
los ninis representan una categoría muy heterogénea, pero es posible afirmar
que los jóvenes cuya exclusión del mercado laboral y del sistema educativo se
vincula con los quehaceres domésticos,
son casi totalmente mujeres, indicando una clara distribución inequitativa del
trabajo reproductivo. De esta manera, vuelve a aparecer la transmisión
intergeneracional de la pobreza, se evidencia como los roles asignados a las
mujeres implican sacrificios presentes y un futuro comprometido. Los resultados de una vida dedicada a cuidar tampoco son
muy halagüeños ya que, según reporte de la Encuesta Longitudinal de Protección
Social (ELPS), (INS- UNICEF, 2013) para el año 2013, solo el 13% de la
población con edad para jubilarse, en efecto contaba con pensión para su vejez.
Al analizar el resultado por el sexo, es notorio que la mayor parte de
quienes cumplen con esta condición son hombres, con el 21.7%. Únicamente el
8.2% de las mujeres en edad de jubilarse cuentan con pensión. Con relación a la población que
al momento de la encuesta (ELPS, 2012) se encontraba afiliada a algún sistema
previsional, los datos indican que el 63.9% no cuenta con un sistema de
seguridad social y al analizar los datos por el sexo, las mujeres reflejan levemente un mayor porcentaje
que sus pares masculinos. Es decir, las mujeres mayores, no cotizaron a sistemas previsionales, aunque
las más jóvenes sí se encuentran cotizando, en una proporción menor a sus pares
masculinos. Algunas de las disparidades entre
mujeres y hombres en cuanto a la pensión por jubilación podrían estar
relacionadas directamente con la maternidad. Al analizar la ELPS de 2013, puede
verse que existe una correlación significativa entre la cantidad de hijos o
hijas y las mujeres que han cotizado al sistema de pensiones, ya que a mayor
número de hijos o hijas el porcentaje de mujeres cotizantes disminuye. Al indagar sobre la protección
que esperan recibir luego de una vida de cuidar a otros, la encuesta informa
que prácticamente la mitad de las mujeres que no cotizan al sistema de
jubilación, esperan vivir su vejez con ayuda de sus hijos e hijas. Esta expectativa
se ve incrementada entre los 41 y 50 años (53.5%) y durante la tercera edad
(51.2%). Ello, implica que las mujeres
cuidaron de sus hijos y esperan que éstos les retribuyan en la vejez, con la
atención que necesiten. Ello
requiere, como condición,
la confianza en la reciprocidad, que no necesariamente está asegurada ya sea
por avatares de la vida misma --que puede llevarse a sus hijos por migración o
muerte—o porque sus familiares no se encuentren en condiciones o con voluntad
de apoyarles en su vejez. En cualquier caso, es la familia la que, sin mayor
ayuda de otros agentes del bienestar, se responsabiliza de la protección. En suma, las familias enfrentan
situaciones que limitan su capacidad de proveer bienestar, haciendo evidente la
necesidad de generar políticas públicas que permitan una mayor
corresponsabilidad entre el Estado y el mercado. Dado que son las mujeres las
principales proveedoras de bienestar y sobre cuyos hombros descansa el trabajo
de cuidado, las políticas de apoyo a las familias deben pensarse desde quienes
ejercen el rol de cuidadoras y no solo desde quienes requieren de cuidado. Para ello se requiere de
políticas que incluyan: Tiempo: Ello implica licencias por maternidad y
paternidad, lactancia, cuidados de familiares Recursos: Pueden incluir deducciones de
impuestos, transferencias monetarias directas o créditos impositivos para diferentes tipos de población. Servicios: Ello implica fomentar la
corresponsabilidad entre los actores sociales tales como el Estado, el mercado y
la comunidad; pero también dentro del hogar, entre hombres y mujeres.
Regulaciones: El Estado tiene el papel de
regular y supervisar a todos los agentes que intervienen en el cuidado ya sean entes privados, la familia misma o entidades públicas. En el caso particular de El Salvador es importante
considerar acciones tendientes a disminuir los costos directos e indirectos de
la crianza y el cuidado, proteger la maternidad, garantizar el derecho al
estudio para las mujeres jóvenes con hijos o con responsabilidades de cuidado. Asimismo es esencial regular
el trabajo doméstico y el de las personas trabajadoras en cuidados y, proveer
alternativas previsionales para las personas que se han dedicado al cuidado de
manera no remunerada a lo largo de su vida y que no han tenido acceso al
mercado de trabajo formal, ni han cotizado en un sistema de pensiones. El Salvador dado su bono demográfico, se encuentra en
un buen momento para promover políticas sociales en torno a la familia y el
cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Es importante que esta actividad
sea reconocida y valorada efectivamente para que su ejecución no implique
costos excesivos a las personas que cuidan, para que la presencia de NNA en los
hogares no les coloque en situación desventajosa y para que todas las personas puedan disfrutar de la
posibilidad de cuidar y ser cuidadas con afecto, calidez y calidad. Referencias
Beneke de Sanfeliú, Margarita, et al (2016),
Furthering women’s empowerment through labor force participation”. Overseas Development
Institute. Southern Voice on post MDG International Development Goals and
FUSADES, San Salvador. DIGESTYC, EHPM 2015 y 2017.
Ministerio de Economía, El Salvador DYGESTIC Encuesta de Uso del
Tiempo, EUT 2017. Ministerio de
Economía, El Salvador. Rivera, María Elena (Coordinadora) y Bolaños
Cámbara Francisco (investigador) (2016) “Los jóvenes NINI en El Salvador.
Estudios sobre políticas públicas Nº 5. Fundaungo. San Salvador
