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Fuente: FUNDE. De izquierda a derecha: Juan Argibay, coordinador del Área de Mercado de Capitales de La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de la Argentina; Carlos Gonella, titular de la PROCELAC; Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central de la República Argentina; y Roberto Feletti, diputado nacional de la República Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) participó en la jornada de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil denominada “Registro de beneficiarios finales y su vinculación con el lavado de dinero y la evasión fiscal”, llevada a cabo los días 10 y 11 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
La actividad fue impulsada por el Banco Central de la República Argentina con el apoyo de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), la Fundación Sustentabilidad-Educación-Solidaridad de Argentina (FundaciónSes) y la Financial Transparency Coalition (FTC).
Durante la jornada se mencionó que en los últimos 10 años más de un billón de dólares ha salido de América latina y el Caribe en calidad de Flujos Financieros Ilícitos (FFI). Contrario a lo que se podría pensar, más de un 80% de toda esa fuga de dinero corresponde a actividades de tipo comercial, pero que están relacionadas con prácticas de elusión, evasión y fraude tributario de grandes empresas. El 20% restante corresponde a la corrupción de personales naturales, especialmente de altos ingresos, del sector público y privado, y a los flujos que genera el crimen organizado. En ambos casos, se realiza lavado dinero gracias a la opacidad financiera generada por los paraísos fiscales.
La Fundación Nacional para el Desarrollo agradece la invitación de Latindadd y de la FTC. Asimismo, celebra los esfuerzos que realizan ambas organizaciones para evidenciar la magnitud de este problema en América Latina y, con ello, combatir los flujos ilícitos que salen de las economías de la región.
FUNDE, al igual que estas organizaciones, considera que la opacidad financiera que favorece los flujos financieros ilícitos debilitan el Estado de Derecho y el contrato social, poniendo en peligro el proceso democrático en los países latinoamericanos, pues la enorme riqueza que sale de manera ilícita es crucial para permitir la implementación de políticas públicas que reduzcan las desigualdades y promuevan un desarrollo inclusivo y sustentable en la región.
