Presentación del Informe: “Propuesta de Reforma de Ley para la Independencia Judicial: Justicia Abierta”

Conscientes de la importancia de contar con instituciones estatales transparentes y abiertas a la participación ciudadana para fortalecer la democracia, desde el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), con apoyo del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central – FEDAC, ejecutado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), se presentó el 18 de agosto el informe “Propuesta de Reforma de Ley para la Independencia Judicial: Justicia Abierta”.

Este informe se trabajó como una propuesta para realizar reformas a diferentes cuerpos normativos, entre estos la Ley Orgánica Judicial, con el fin de incentivar al debate y fomentar el concepto de justicia abierta en el país, el cual representa un importante desafío en un contexto caracterizado por el limitado acceso a la información pública.

Esta propuesta va orientada a que la ciudadanía pueda realizar una mejor contraloría de la información jurisdiccional que emana de estos jueces y contrarreste los nocivos efectos de tener -de facto- jueces sin rostro. Para ello, es preciso realizar reformas en tres cuerpos normativos clave: la Ley Orgánica Judicial, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Ética Gubernamental.

El informe cuenta con la inclusión de elementos tanto prácticos como teóricos, con el ánimo de avanzar en consolidar la transparencia en El Salvador, los cuales podrían ser retomados por las instituciones a quienes compete legislar e impartir justicia. Es de interés de FUNDE que esta propuesta sea también conocida por otros actores clave o estratégicos comprometidos con impulsar cambios positivos en el país.

Además, la presente propuesta está enmarcada en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que pretende “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.