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Institución  investigadora y formuladora de políticas socioeconómicas para el desarrollo de la población en El Salvador

Transparencia, Corrupción e Impunidad en el tercer año de Gobierno

San Salvador, 30 de mayo de 2017. En el tercer año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Cerén, han tenido lugar importantes acontecimientos relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad. Hay que destacar que en ellos la participación ciudadana ha sido relevante.  

 En el tercer año de gestión gubernamental se identifican algunos avances, pero también existieron una serie de hechos que contradicen el discurso del Gobierno de fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.

En primer lugar, debe reconocerse que se han realizado algunos esfuerzos gubernamentales en materia de transparencia:

-    A partir de las denuncias realizadas por diferentes organizaciones sociales en torno a la excesiva cantidad de documentos clasificados como Reservados en las instituciones del Ejecutivo, se formó una comisión para la revisión y desclasificación de información; esfuerzo al cual se sumó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

-       En materia de Observación Ciudadana, es importante destacar la creación y trabajo que puede realizar la Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción, conocida como CoST, la que ha contado con la anuencia del Ministro de Obras Públicas y es apoyada por la diplomacia británica acreditada en el país.

-       Hay que reconocer como un aspecto positivo el que la CEL haya proporcionado amplia información sobre el caso de la represa de El Chaparral.

 En segundo lugar, es necesario señalar algunos aspectos que apuntan a un preocupante déficit gubernamental en lo que respecta a la transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad.  

-   Si bien es cierto que se hizo un esfuerzo por disminuir los documentos clasificados como reservados, siguen existiendo muchas reservas genéricas, sin prueba de daño y con plazos excesivos. Además, en muchos casos las respuestas de los entes obligados ante las peticiones de información es la inexistencia de la misma, respuestas que no cumplen con los parámetros establecidos por el IAIP.

-   Es preocupante que los entes obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), frente a las resoluciones del IAIP adversas a sus intereses, acudan a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para evitar el pago de las sanciones económicas o la entrega de la información solicitada. El efecto de tal recurso es la dilación indefinida de los procesos.

-    Se continúa ocultando información de interés ciudadano. Ejemplo de ello es la relacionada a los accidentes de tránsito cometidos con vehículos oficiales, uno de ellos asignado a un familiar del Presidente de la República

-       En ese mismo comportamiento opaco se ubica la información sobre el uso de los gastos reservados, y dentro de ellos los sobresueldos a funcionarios de gobierno; esto a pesar de las evidencias existentes sobre su práctica generalizada.

-       La Reforma al Reglamento de la LAIP, impulsada desde la Presidencia de la República en aspectos relacionados con la elección de los comisionados del IAIP, no han hecho más que dificultar la transparencia del proceso mismo.

 En tercer lugar, si en materia de transparencia podemos destacar algunos avances, no podemos decir lo mismo de la lucha contra la corrupción y la impunidad, donde la gestión gubernamental deja mucho que desear.

-      En este año quedó al descubierto el clientelismo político existente entre diferentes gobiernos y organizaciones de sociedad civil, a quienes se transfería discrecionalmente, desde diversas carteras del Ejecutivo, millones de dólares en concepto de donaciones sin que se rindan cuentas.

-     Después de la intervención de la Sala de lo Constitucional, los salvadoreños pudimos conocer cierta información relacionada con gastos de publicidad y viajes del ex Presidente Mauricio Funes y otros. Lamentablemente, desde Casa Presidencial esta Información se trató de ocultar a toda costa, aún con el supuesto extravío de información.

-       Ahora se conoce, después de muchas intervenciones y capturas por el Caso Lava Jato en Brasil, del financiamiento de la empresa Odebrecht a la campaña política del ex presidente Mauricio Funes. Además, Funes ha manifestado que fue el mismo partido y funcionarios de gobierno que le sugirieron que se asilara en Nicaragua. Es muy preocupante que desde las esferas oficiales se recomiende escapar a alguien que está siendo investigado por la justicia, lo cual representa más una medida de promoción que de combate a la impunidad.

-   En esa misma línea de promoción de la impunidad, preocupa el blindaje que el Gobierno da a funcionarios mencionados o investigados por casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Ejemplo de ellos es el otorgamiento de fuero con nombramientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones. Esto no hace más que incentivar la corrupción e impunidad.

-       De igual forma, es importante el respeto a la institucionalidad del país, así como entre los tres órganos del Estado. El irrespeto a este precepto democrático, así como la forma opaca del proceso de otorgamiento de la concesión del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), ha llevado a poner en riesgo éste proyecto. Ese proceso de otorgamiento por parte del Vice Ministerio de Transporte debería ser seriamente investigado por las autoridades competentes, pues sin que mediara una concesión de infraestructura pública, se entregó a un grupo de empresarios del transporte el uso exclusivo de los carriles segregados, construidos con fondos provenientes de préstamos internacionales. Más preocupante aún es el hecho que funcionarios de gobierno y del partido llamaran al desacato de una sentencia del máximo tribunal de justicia, que en una medida cautelar suspendió el uso exclusivo de los carriles segregados.

-    Ahora es de dominio público que la llamada Tregua entre pandillas fue respaldada desde altas estructuras del gobierno anterior y a la cual se le asignaron importantes recursos financieros y logísticos. Por ello, no es de extrañar que funcionarios de la actual gestión presidencial aparecieran en vídeos reunidos con miembros de pandillas para ofrecerles recursos financieros.

-       Se continúa sin conocer el manejo que desde Casa Presidencial se hace de la partida secreta, la cual prosigue la práctica de anteriores gobiernos de usarla de manera discrecional, sin ningún control y rendición de cuentas.

-    Finalmente, nos preocupa de sobremanera la actitud intolerante y delictiva de ciertos funcionarios e instancias gubernamentales, que ante las denuncias ciudadanas de opacidad y corrupción se han dedicado a espiar, difamar y atacar a todos aquellos que buscamos combatir la corrupción e impunidad en nuestro país

 

Como representantes de Transparencia Internacional en El Salvador, consideramos que a tres años de gobierno no se ven señales de cumplimiento de los compromisos plasmados en el programa de gobierno para la profundización de los cambios 2014-2019: Plan El Salvador Adelante. Este documento, en su estrategia 33, denominada Gobernando con Honestidad y Transparencia, establece que se impulsaría un “Gobierno incorruptible, ético, transparente. Libraremos un combate sin tregua contra los delitos de corrupción y despilfarro de los bienes públicos. Ruptura total con el viejo pasado de corrupción y prebendas.” Desgraciadamente, hasta el momento, como representantes de Transparencia Internacional en El Salvador, no vemos ruptura sino continuidad y profundización de los viejos esquemas de opacidad, corrupción y protección de los corruptos.