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Institución  investigadora y formuladora de políticas socioeconómicas para el desarrollo de la población en El Salvador

Logros -y limitaciones- de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG)

Por Cristina Eguizábal
Área de Seguridad y Prevención de Violencia
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)

1.    Orígenes

El acuerdo que dio origen a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue suscrito el 12 de diciembre de 2006 entre el Secretario General de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala y ratificado por el Congreso de ese país el 1 de agosto de 2007.  En un principio establecido por dos años, su mandato ha sido prorrogado tres veces. En la actualidad este se encuentra vigente hasta 2017.
La CICIG es uno de varios tribunales mixtos o híbridos establecidos por la cooperación internacional para ayudar a que se haga justicia en países con instituciones débiles, en la mayoría de los casos producto de largos períodos de dictadura o de guerra civil. Al combinar jurisdicción nacional con apoyo internacional estos tribunales hacen posible que se haga justicia al tiempo que se contribuye a fortalecer la institucionalidad local. (Hudson & Taylor, 2010)
Otros ejemplos de “tribunales mixtos” son los Paneles Especiales de Dili para Timor Leste con competencia exclusiva sobre “delitos graves” (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, asesinato, tortura  y delitos sexuales); el Tribunal Especial para Sierra Leona con competencia para juzgar a aquellos responsables de las más serias violaciones de derechos humanos cometidas después del 30 de noviembre de 1996; las Cámaras Extraordinarias establecidas en las Cortes de Camboya para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante el período de la República Democrática de Kampuchea; el Tribunal Internacional para Líbano creado para enjuiciar a los presuntos responsables de los ataques terroristas llevados a cabo en el país después del 1 de octubre de 2004, en particular, el atentado con un coche-bomba que resultó en la muerte del entonces primer ministro Rafik Hariri y otras 21 personas en Beirut el 14 de febrero de 2005; y la Cámara para Crímenes de Guerra que opera dentro del marco de la División Penal del Tribunal Estatal de Bosnia Herzegovina y sucede al Tribunal Penal Internacional creado para conocer las violaciones a los derechos humanos después de la disolución de Yugoslavia en 2005. La estructura, mandato  y competencia de estos tribunales varía, su característica común es que sus mandatos son temporales y mientras funcionan constituyen intersecciones de lo nacional con lo internacional. (TRIAL, 2012).
Comparada con estos otros tribunales lo que caracteriza a la CICIG es que su mandato no es para castigar violaciones de derechos humanos sino para luchar contra el crimen organizado.  La hipótesis subyacente a su creación es que en Guatemala funcionan dos estructuras de poder paralelas: una civil y democrática y otra de grupos clandestinos basada en lealtades personales y negocios ilícitos que utilizan la violencia y recurren al poder estatal para eliminar rivales y hace avanzar sus intereses. (Peacock & Beltran, 2006)
Como los otros tribunales mixtos, la creación de la CICIG fue posible gracias al establecimiento de una coalición de actores de distinta naturaleza, unidos por el interés común de contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática en Guatemala.
Desde 2001 las organizaciones de derechos humanos guatemaltecas empezaron a buscar mecanismos legales para desmantelar la red de poderes ocultos que los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz no habían tocado más que de manera muy superficial.  Apoyados por MINUGUA, la Misión de Paz de NNUU, organizaciones internacionales de derechos humanos tales como Amnistía Internacional, HRW (Human Rights Watch) y WOLA (Washington Office for Latin America), los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y varios de la Unión Europea lograron en 2004 el proyecto de creación de una Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Grupos de Seguridad Clandestinos (CICIACS) cuyo amplio mandato con relación a sus poderes acusatorios fue considerado inconstitucional por la Corte Constitucional.
El modelo que querían replicar las organizaciones guatemaltecas era el del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con motivaciones políticas, formado en El Salvador en 1993 para investigar las amenazas recibidas por los miembros de las comisiones de la Verdad y de restructuración de las Fuerzas Armadas. En aquel caso, el grupo mixto había estado conformado por cuatro juristas: dos nombrados por el presidente de El Salvador y dos, por el Secretario General de NNUU.  El Grupo Conjunto identificó sospechosos, pero no logró que ninguno fuera acusado formalmente, pese a ello fue una experiencia llena de enseñanzas útiles para la sociedad civil centroamericana.
El rechazo de la Corte Constitucional obligó a los miembros de la coalición a revaluar los alcances de la Comisión que proponían y a definir un nuevo mandato, más acotado, para lo que se convertiría en la CICIG.
El gobierno del Presidente Óscar Berger, en particular su vicepresidente Eduardo Stein y su ombudsman Frank La Rue, veían la iniciativa con buenos ojos, pero no lograron la aprobación del congreso donde una mayoría de legisladores se oponía rotundamente al establecimiento de una entidad de esa índole pues temían, con razón, que sería más eficaz que el sistema de justicia nacional.
A un año de terminar el mandato presidencial, en plena campaña electoral, fueron asesinados en la carretera panamericana tres parlamentarios salvadoreños miembros del Parlamento Centroamericano con sede en Ciudad de Guatemala y su chofer. Pocos días más tarde fueron también asesinados cuatro policías relacionados con el caso en una de las cárceles de máxima seguridad del país.  
La presión internacional sobre el congreso guatemalteco para que aprobara la CICIG se hizo intolerable. El Congreso de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el New York Times, las organizaciones de derechos humanos pedían al unísono la ratificación del acuerdo. Los principales candidatos presidenciales, Álvaro Colom (quien resultó electo) y Otto Pérez Molina (actual presidente de la república) se pronunciaron también a favor. Finalmente, los legisladores guatemaltecos cedieron. 

2.    Mandato

La CICIG tiene por mandato colaborar con las autoridades guatemaltecas en identificar, investigar, juzgar y desmantelar aparatos de seguridad clandestinos vinculados al estado. 
Sus funcionarios tienen autoridad para: 1) investigar a cualquier individuo o entidad pública o privada; 2) solicitar información a  cualquier entidad pública; 3) presentar pruebas y constituirse en querellante adhesivo esto es, interviniendo como parte del proceso penal a la manera de un acusador particular que colabora en la investigación de las autoridades guatemaltecas, sin sustituirlas; y 4) recomendar políticas públicas y reformas institucionales que fortalezcan las capacidades del estado en materia de justicia, en particular a los responsables de investigar a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
La CICG está integrada por más de un centenar de investigadores y expertos de más de 21 países y financiada con aportes de gobiernos amigos tales como Estados Unidos, Canadá, y gobiernos europeos ya sea individualmente, entre los que se destacan los de España Suecia y Países Bajos, o por  la Unión Europea. Las contrapartes nacionales de la CICIG son el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP). Es muy  importante destacar un hecho básico: son en última instancia las autoridades guatemaltecas las que imparten justicia (o no). 
Dentro del Ministerio Público ha sido establecida una Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG (UEFAC) encargada de la persecución penal en los casos en los cuales la CICIG interviene como querellante adhesivo y también se ha fortalecido a otras unidades de investigación como la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado, y particularmente la Unidad contra la Trata de Personas.
Además de los departamentos especializados antes mencionados, en el transcurso de su existencia la CICIG ha propuesto leyes y reglamentos de diversa índole entre los que se destacan un conjunto de medidas y acciones en materia de escuchas telefónicas y de tratamiento de testigos. Con respecto a las primeras, la CICIG propuso una serie de modificaciones de orden legal a fin de hacer operativa la Ley contra la Delincuencia Organizada y garantizar el resguardo seguro de la información. Colaboró en la implementación de las escuchas facilitando la adquisición de los equipos necesarios y la capacitación del personal.
La CICIG también promovió y consiguió la aprobación de reformas legales  que permitieron la creación de la figura del “colaborador eficaz” (figura equivalente a la de plea bargain). Con el apoyo del gobierno español se creó un programa de protección de testigos y se capacitaron 48 policías de la PNC en la materia. El gobierno de Madrid inclusive proporcionó recursos en 2009 para recibir y proteger a ciudadanos guatemaltecos considerados testigos bajo protección.

3.    Aciertos y limitaciones

Bajo el liderazgo de Carlos Castresana, quien fuera fiscal del Tribunal Supremo de España, la CICIG utilizó la estrategia de “crear presencia” y para ello decidió trabajar en casos emblemáticos que atrajeran una máxima exposición mediática. El caso más sonado y el mayor éxito de esta estrategia fue el caso Rosenberg. La investigación conducida por la CICIG comprobó que el asesinato del abogado Rosenberg, contrariamente a lo que él mismo había aducido en un video hecho público póstumamente, no había sido ordenado por el Presidente Colom, sino por él mismo quien había contratado sicarios para que lo mataran.
Otros de los logros de la CICIG bajo el liderazgo de Castresana fueron las condenas en primera instancia al fiscal Alvaro Matus, condenado por destruir pruebas; al General Enrique Ríos Sosa (hijo del General  Efraín Ríos Montt ex -jefe de estado y cuñado del Presidente) y a otros altos funcionarios de la administración Portillo incluyendo a los ex ministros de defensa y hacienda, condenados por un desfalco millonario al Ministerio de Defensa; y del ex -presidente Alfonso Portillo, encontrado culpable de corrupción. Posteriormente la CICG no pudo evitar que las condenas fueran revocadas en apelación y que los acusados fueran puestos en libertad. Solo el ex-presidente Portillo, juzgado en Estados Unidos después de un largo proceso de extradición, cumple condena en ese país por lavado de dinero.
Asimismo los informes de la CICIG en materia de adopciones internacionales y sobre el proceso de nombramiento de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones pusieron en evidencia el deficiente andamiaje normativo de los procesos de adopción y de la Carrera Judicial y mostraron cómo se prestan a toda clase de abusos.
La oposición pública de Castresana al nombramiento de Conrado Reyes como fiscal general por su récord de corrupción y sus evidentes vínculos con despachos de abogados que defendían a narcotraficantes marcó su retiro de la comisión. En la misma conferencia de prensa en la que señaló que le había pedido al presidente Colom la destitución de Reyes, Castresana hizo pública su renuncia. (Prensa Libre.com, 2010).  “El fiscal español tira la toalla en Guatemala” titulaba El  País días más tarde, y terminaba añadiendo: “Ahora es el presidente Álvaro Colom el que tiene que decidir de qué lado situarse.” (Ordaz, 2010). El nombramiento de Reyes fue revocado por la Corte Constitucional.
Después de un interinato de seis meses, fue nombrada como Fiscal General,  Claudia Paz y Paz el 9 de diciembre de 2010. Castresana fue remplazado por Francisco Dall’Anese, quien renunció a su posición como fiscal general de Costa Rica para asumir el liderazgo de la CICIG. Dall’Anese había ganado renombre internacional como responsable de las investigaciones que lograron las condenas por corrupción de los expresidentes costarricenses Calderón Fournier y Rodríguez  Echeverría.
Mientras Paz y Paz escogió tener un perfil más alto que pasados fiscales generales,  Dall’Anese, al contrario, prefirió mantener un perfil más bajo que su antecesor. Su estrategia se centró en lograr la depuración de los jueces corruptos y contribuir al fortalecimiento institucional gracias a la transferencia de capacidades investigativas y criminales en el sector justicia.  Entre sus logros estuvieron el haber llevado al equipo de la CICIG como director de investigaciones a Antonio Ingroia, el fiscal adjunto de Palermo, mundialmente conocido por su lucha en contra de la mafia siciliana.
Dall’Anese tampoco vaciló en acusar a varios altos personeros del gobierno de Óscar Berger de violaciones graves a los derechos humanos: al que fuera su ministro de seguridad Carlos Vielman y a los jefe y subjefe de policía, Erwin Sperisen y Javier Figueroa.  En noviembre de 2010, el gobierno de Guatemala, a instancias de la CICIG,  giró órdenes internacionales de captura  y posteriormente solicitó las extradiciones de Carlos Vielman,  guatemalteco-español, residente en España; Erwin Sperisen, guatemalteco-suizo, residente en Suiza y Javier Figueroa, guatemalteco, refugiado en Austria, acusados todos de ejecuciones extrajudiciales. En el caso de Vielman, Los tribunales españoles aceptaron darle trámite a la solicitud de extradición y solicitaron al gobierno de Guatemala proporcionar el expediente en un plazo de 40 días. El gobierno de Guatemala no proporcionó la información requerida y el gobierno español se vio obligado a cerrar el expediente de extradición. El 6 de diciembre de 2011 Guatemala cerró la persecución penal de Vielman. Sin embargo continúa esperando ser juzgado por las autoridades españolas acusado de crímenes de lesa humanidad. Se espera que su caso pase a juicio muy pronto en  la Sala Penal de la Audiencia Nacional de Madrid. En cuanto a los otros dos, permanecieron detenidos por varios meses en Europa. Tanto las autoridades suizas como las austríacas consideraron que Guatemala no ofrecía condiciones mínimas de seguridad pero que los imputados serían juzgados en Ginebra y en Linz, Alta Austria, respectivamente. Sperisen fue condenado por la justicia suiza a cadena perpetua el 12 de mayo de 2015. Figueroa fue absuelto.
El 13 de septiembre de 2012,  la CICIG acompañó al MP en la aprehensión del alcalde de Antigua Guatemala. El alcalde de la conocida ciudad turística, Adolfo Vivar Marroquín, al igual que su cuñado, el tesorero de la comuna, Boris Alexandro Ascencio, fueron detenidos con otras ocho personas y encarcelados por cargos de fraude, lavado de dinero y  abuso de autoridad. El alcalde Vivar fue acusado por el MP, apoyado por la CICIG, de un desfalco de millones de dólares de fondos públicos. El tesorero Ascencio fue acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y obstrucción de justicia.
El 4 de octubre, en la ciudad de Totonicapán ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas durante enfrentamientos entre manifestantes de origen indígena, la PNC y el Ejército. Los manifestantes protestaban por el aumento en el costo de la electricidad y la promulgación de una nueva ley de educación que, a su juicio, los perjudicaba. En carta abierta al Presidente Otto Pérez Molina el comisionado Dall’Anese se pronunció categóricamente por la vuelta del Ejército a sus cuarteles: “el Ejército debe ocuparse de la seguridad del país frente a ataques de una potencia extranjera y nunca de la seguridad ciudadana”. “Cuando se involucra a militares en operativos policiales (civiles), son usuales las muertes y lesiones a personas” (La Prensa Libre.com, 2012). La además CICIG recomendó  formalmente prohibir toda participación de militares en asuntos de naturaleza penal y policial y fortalecer a la policía preventiva y de investigación.
Nueve militares (entre ellos un coronel) fueron acusados por las autoridades civiles de ejecuciones extrajudiciales. 
En lo que se refiere a la lucha contra los jueces corruptos, el 15 de octubre la jueza Cuarta de Primera Instancia Penal, Gisela Reynoso, declaró la apertura de juicio contra Mario Fernando Peralta Castañeda, juez de la Niñez y Adolescencia acusado de los delitos de trata de personas y asociación ilícita por su participación en el rapto de la niña Angely Liseth Hernández Rodríguez. El MP expuso las pruebas de su complicidad con la agencia de adopciones Asociación Primavera que tramitaba la adopción de la niña por una pareja de extranjeros.  La CICIG participó como querellante adhesivo.

4.    Tal ave fénix…

Pese a los considerables e incuestionables méritos del jurista colombiano, cuando le Secretario General Ban Ki Moon anunció en las postrimerías del mes de agosto de 2013 que nombraba a Iván Velázquez como tercer director de la CICIG la mayoría de los observadores pensó que su principal tarea sería la de clausurarla. Vinculado a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar desde el año 2000, a partir del 2006 y hasta el mes de agosto del 2012 el Dr. Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo. Experiencia no le faltaba, pero las autoridades guatemaltecas habían declarado abiertamente que a la CICIG solo le restaba cerrar la casa ..
La primera sorpresa vino pocos meses después de su nombramiento. En diciembre de 2013, el connotado abogado sorprendió a tirios y troyanos con el anuncio de que durante los dos años de la gestión que le había sido encomendada iba a priorizar dos líneas de investigación: una sobre el financiamiento de los partidos políticos y otra sobre el funcionamiento de las aduanas.
El comisionado Velázquez sabía tener en Claudia Paz y Paz una aliada. Durante su gestión, en estrecha colaboración con la CICIG, la Fiscal había extraditado a Estados Unidos a capos tradicionales del narcotráfico local que, gracias a sus conexiones políticas, habían disfrutado de virtual inmunidad y en 2013 había autorizado el proceso al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio.
Pese a sus logros en el MP, y quizá a causa de ellos, la fiscal tenía poderosos enemigos que no cejaron en su empeño de expulsarla de la Fiscalía hasta que lo consiguieron en 2014, cuando obtuvieron el aval de la Corte Constitucional para  que su mandato finalizara cinco meses antes de expirar los cuatro años. Asimismo lograron que la Comisión Nominadora de Candidatos a Fiscal General, conformada por los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas de once universidades del país, así como por el titular del Colegio de Abogados y Notarios, el presidente del Tribunal de Honor de esa entidad, y el presidente del Organismo Judicial, no incluyera su nombre  entre los sometidos a la consideración del Congreso.
Después de un largo proceso seguido muy de cerca por la comunidad internacional, cuya simpatía por Paz y Paz era pública y notoria, el Presidente Pérez nombró en sustitución de Paz y Paz a otra mujer, Thelma Aldana en mayo de 2014. La nueva fiscal, elegida con el apoyo de los diputados del Frente Republicano Guatemalteco, el partido de Ríos Montt, había sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 2009 y se definía como de derechas. Muchos temieron que los avances conseguidos por Paz y Paz se esfumaran.
La primera sorpresa vino en el momento mismo de su juramentación cuando hizo hincapié en su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con los más débiles, sobre todo las mujeres a sabiendas que para los sectores de la derecha Guatemalteca la noción de derechos humanos tiene una connotación negativa (les suena casi tan mal como el marxismo).
En septiembre de 2014, el MP hizo pública y desmanteló la estructura dirigida por el excapitán Byron Lima, en prisión por el asesinato de Monseñor Gerardi, principal autor del reporte del Arzobispado de Guatemala sobre las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Desde su celda, Lima lucraba vendiendo traslados y favores a los reclusos gracias al control que ejercía en las cárceles del país con la complicidad de funcionarios de presidios.
En noviembre de ese mismo año fue capturado Haroldo Mendoza Matta, el líder de una estructura criminal territorial que dirige y controla vastas zonas de los departamentos de Izabal y Petén. El clan de “Los Mendoza”, como se les conoce, se inició en los años ochenta con operaciones de narcotráfico en el norte del país, que luego fueron mutando y convirtiéndose en empresas legales que lavan el dinero producto de las actividades criminales.  El clan contaba con un ejército propio y había gozado históricamente de la protección de políticos locales y nacionales (alcaldes y diputados) así como de las instituciones de seguridad.
El 16 de abril de 2015, las autoridades guatemaltecas detuvieron a Omar Franco, director de la Superintendencia de Asuntos Tributarios (SAT) y a su predecesor, Carlos Muñoz, además del director de Recursos Humanos, el jefe del sindicato y otras veintisiete personas involucrados en el caso (funcionarios y particulares) por sospechas de defraudación aduanera.
Según el MP y la CICIG "La Línea" como se conocía a la estructura criminal era una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos que los adeudados al fisco de acuerdo a la ley. Para beneficiarse del operativo los importadores debían comunicarse con un número de teléfono, “la línea". Las pruebas más contundentes, según fueron localizadas en la computadora de Salvador Estuardo González, uno de los 27 detenidos, quien curiosamente no era empleado de la SAT y sin embargo le envió el 13 de abril por correo electrónico a Pérez Molina un informe sobre la recaudación aduanera. En la misma computadora también fueron hallados detalles sobre pagos efectuados a Juan Carlos Monzón Rojas, otrora el poderoso secretario privado de la ahora ex vicepresidente Baldetti. (Monzón continúa prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol desde el pasado 16 de abril).
La investigación original de la estructura criminal empezó en mayo de 2014 e incluyó 66.000 sesiones de escuchas telefónicas, hasta ahora la principal prueba contra los implicados. En agosto incluía 88.920 escuchas interceptadas; 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 11 allanamientos, 650.000 folios, 32 agendas, 100 personas relacionadas y 22 empresas involucradas. (Móvil, 2015).
El 26 de agosto de 2015, la Sra. Balzetti fue formalmente acusada de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo y se le condenó a prisión preventiva. Ese mismo día la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad darle trámite a la solicitud de antejuicio planteada por el MP y la CICIG contra el Presidente Otto Pérez Molina a quien se indica de encabezar la estructura criminal conocida como “La Línea”.
Entre abril y agosto se hicieron públicas nuevas acusaciones relativas a otros esquemas de corrupción. El 20 de mayo vio la luz un nuevo caso en el seno de la junta directiva del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS). Los miembros de la junta fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA a precios sobrefacturados, para que brindara servicios a los pacientes del IGSS con enfermedades renales. En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fuera secretario privado del presidente Pérez Molina, detenido por fraude.  Otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, hijo de la presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia,  Blanca Stalling ― bajo sospecha en el caso de La Línea―. Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias. Según la investigación, los detenidos se concertaron con el fin de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni tampoco contaba con la estructura básica para brindar el servicio requerido por los pacientes con deficiencias renales. Entre los miembros de la de la Junta Directiva capturados por delito de fraude estaba también Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala.

A dos meses y medio de las elecciones generales en las que se elegirá a casi 4 mil funcionarios públicos incluyendo al presidente y vicepresidente para el período 2016-2020; a 158 diputados al Congreso, 20 legisladores al Parlamento Centroamericano y 338 autoridades municipales, el 16 de julio la CICIG presentó su  esperado informe sobre la financiación de los partidos políticos. En él se muestra contundentemente el carácter ilícito de gran parte del financiamiento de las campañas políticas. Ya sea porque las contribuciones no se reportan ni se registran de acuerdo con la normativa electoral y por ende quedan al margen de la ley; ya sea porque los fondos provienen de actos de corrupción o de actividades criminales propiamente dichas. De acuerdo con el informe la mayor parte del financiamiento ilícito de la política en Guatemala procede de la corrupción y del tráfico de influencias. (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala--CICIG, 2015).

Todos los días se dan a conocer nuevos datos que profundizan el descrédito de la clase política guatemalteca.

5.    Legado
La primera tarea de la CICIG fue ganar la legitimidad frente a la opinión pública guatemalteca. Si bien la  sociedad civil organizada había luchado por su creación y había celebrado su llegada, muchos guatemaltecos de buena voluntad veían con recelo la presencia extranjera y lamentaban la pérdida de soberanía que su presencia en el país significaba.  Ni hablar de aquellos sectores poderosos que la consideraban una potencial amenaza.
La estrategia escogida por su primer comisionado tuvo la ventaja de darla a conocer muy rápidamente: su presencia cotidiana en los medios la situó como un engranaje crucial de la justicia guatemalteca, y también la convirtió en una amenaza real para sus enemigos, por poderosos que fueran. La animadversión que desataba entre los poderosos, sobre todo aquellos vinculados con el crimen organizado fue muy grande. Su reacción fue tan brutal que puso en peligro la vida misma de los que trabajan para la CICIG, sobre todo aquellos de nacionalidad guatemalteca quienes eran empleados de Naciones Unidas, pero no gozaban de las inmunidades que protegen a los funcionarios internacionales. 
Por otra parte, como consecuencia imprevista, el alto perfil mediático de la Comisión le restaba naturalmente protagonismo a los organismos del estado guatemalteco por lo que contradictoriamente, la CICIG, al tiempo que promovía el fortalecimiento institucional de las instancias nacionales, por comparación, ponía en evidencia las limitaciones de los funcionarios guatemaltecos, creando así un nuevo obstáculo que vencer en el camino de la legitimación de los aparatos de justicia a los ojos de la ciudadanía.
El segundo comisionado optó por un perfil mucho más bajo y decidió privilegiar su trabajo en la capacitación y fortalecimiento institucional lejos de los reflectores de los medios y dejarle más espacio a las autoridades nacionales, inclusive a costa de la percibida falta de eficacia de la Comisión misma. Aunque ambos comisionados han tenido problemas con los jueces guatemaltecos que han liberado a muchos de los acusados, es importante señalar la competencia y la integridad de la que hizo la fiscal Paz y Paz.
Las declaraciones del vocero de la CICIG con relación a los acontecimientos de Totonicapán en 2012 resultan muy reveladoras al respecto:
“Nos sentimos satisfechos con la solicitud que hicieron diferentes sectores en el lamentable caso de Totonicapán de hace algunos días. En ese momento la ciudadanía –que ahora sí confía en sus instituciones–, solicitó la presencia del Ministerio Público, y no de la Comisión. Esto para nosotros es muy satisfactorio. No somos los protagonistas y la sociedad cree en los administradores de justicia” (García, 2012).
Sin duda alguna tanto el comisionado Velázquez como la Fiscal Aldana han sabido aprovechar plenamente el legado de sus predecesores y hasta ahora su actuación ha sido ejemplar. La ejemplaridad de los casos investigados es innegable. En un ambiente político caldeado por la campaña electoral, hartos de la violencia y de inseguridad ciudadana, preocupados por la noticias de hambrunas en el campo y a un creciente éxodo rural provocado por la sequía imperante, aunado a un sentimiento de impotencia frente a las desigualdades de oportunidades, el destape de los casos masivos de corrupción ha sacudido a la clase media guatemalteca históricamente pasiva. A las protestas espontáneas del movimiento #RenunciaYa se han unido en las calles, organizaciones ya establecidas, como las de estudiantes, campesinos, patronales y sindicatos, que se han ido sumando al pedido ahora generalizado de introducir cambios profundos en el sistema político del país centroamericano.
Sin vistas de que la crisis política que desataron sus pesquisas, la CICIG tiene dos años por delante para continuar investigando y combatiendo a las redes criminales que operan bajo el amparo del Estado. No podemos más que anticipar nuevas sorpresas, Sin embargo el problema de fondo se mantiene: ¿Hasta qué punto una vez terminada su misión las instituciones guatemaltecas lograrán sostener el esfuerzo de proporcionar justicia verdadera a sus ciudadanos? La CICIG no puee perder de vista su gran reto: dejar instalados los mecanismos que garanticen la permanencia de los logros alcanzados.

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Bibliografía citada

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala--CICIG. (2015, julio 16). Informe: el financiamiento de la política en Guatemala. Guatemala de la Asunción, Guatemala. Consultado  agosto 26, 2015,  de http://elperiodico.com.gt/wp-content/uploads/2015/07/informe_financiamiento_politicagt.pdf

García, J. (2012, octubre 25). El "antes y el "ahora" de la CICIG. La Hora. Guatemala, Guatemala, Guatemala.  Consultado noviembre 2, 2012, de http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/167550-el-antes-y-el-ahora-de-la-cicig
Hudson, A., & Taylor, A. W. (2010). The International Commission against Impunity in Guatemala. A New Model for International Criminal Justice Mechanisms. Journal of International Criminal Justice, 53-74.

La Prensa Libre.com. (2012, octubre 12). Instituciones exigen excluir a castrenses. Guatemala, Guatemala, Guatemala.  Consultado octubre 31, 2012, de http://www.prensalibre.com/noticias/Instituciones-exigen-castrenses_0_790720947.html

Móvil, J. C. (2015, August 15). La Línea: estructura criminal supuestamente lideada por presidente de Guatemala. La Vanguardia Economía. Barcelona, Sapin. Consultado agosto 26, 2015, de http://www.lavanguardia.com/economia/20150822/54435958406/la-linea-estructura-criminal-supuestamente-liderada-por-presidente-guatemala.html#ixzz3jrx6I9YX

Ordaz, P. (2010, Octubre 29). El fiscal español Castresana tira la toalla en Guatemala. El País. Madrid, Madrid, España. Consultado octubre 29, 2012, de http://www.elpais.com/pda/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_noticia&idNoticia=20100608elpepuint_15.Tes&seccion=int

Peacock, S. C., & Beltran, A. (2006). Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos. Washington DC: Washington Office on Latin America.

Prensa Libre.com. (2010, Junio 07). Dimite comisionadao antimafias de ONU en Guatemala. Prensa Libre. Guatemala, Guatemala. Consultado octubre 29, 2012, de http://prensalibre.com/noticias/justicia/Castresana-renuncia-jefe-Cicig_0_275972633.html

TRIAL. (2012, 09 06). Track Impunity Always. Retrieved 10 25, 2012, from TRIAL Web site: http://www.trial-ch.org/es/recursos/tribunales/tribunales-mixtos.html