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Institución  investigadora y formuladora de políticas socioeconómicas para el desarrollo de la población en El Salvador

De los datos procesables a los datos abiertos

Por Jaime López
Área de Transparencia

Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) - Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)



Desde la Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) se han hecho varias solicitudes a instituciones públicas en las que se requiere que la información sea proporcionada en formato procesable. En ocasiones se ha tenido la negativa de instituciones que aducen que la información solo está disponible en documentos o cuadros ya procesados. Al dar esta respuesta, esas instituciones anulan la posibilidad de generar nuevo conocimiento a partir de los datos y vulneran el derecho de acceso a la información pública; además, la justificación dada por lo general es falsa. Para ampliar la frontera informacional, es necesario que en El Salvador se haga uso de datos abiertos y eso requiere, que toda institución pública facilite definitivamente el acceso a los mismos.

Un caso es el de las votaciones legislativas, las que luego de cada sesión plenaria son reportadas en un documento PDF que es colgado en el sitio web de la Asamblea. El problema radica en que a partir de esos documentos es muy difícil establecer otro tipo de relaciones entre los datos. Por ejemplo, saber cuántas veces un diputado ha votado durante un período de tiempo, cómo lo ha hecho y qué tipo de proyectos legislativos ha acompañado, implicaría la búsqueda uno a uno de los informes de votación, luego la revisión de tales informes para recuperar los datos que correspondan al diputado (usando alguna plantilla o cuadro para ir copiando los datos) y finalmente, la sumarización en nuevos cuadros conforme las preguntas antes indicadas.

El interés de pedir los datos en formato procesable es para evitar el innecesario trabajo de recolección y limpieza, y así concentrarse en la construcción de nuevo conocimiento. En ese formato los datos se encuentran desglosados tabular o vectorialmente, de tal manera que con el apoyo de un programa de computadora pueden ser ordenados, filtrados, agrupados, cruzados o reorganizados en múltiples combinaciones para responder a diversas interrogantes. Es lo que en la jerga técnica se le llama “explorar” o “hacer minería” con los datos, con la finalidad de generar nueva información que, al ser contextualizada y problematizada, puede representar nuevos aportes al conocimiento.

La no entrega de la información en formato procesable es un obstáculo para el acceso a la información pública. En palabras del Instituto de Acceso a la Información Pública, “los formatos en los que se entrega la información reviste de importancia, ya que en la medida en que se trata de formatos más sencillos y de uso común, se garantiza la posibilidad de que el tratamiento de la información responda a las necesidades de la ciudadanía” (Resolución NUE-319-A-2016, 17 de mayo de 2017). De la aseveración anterior, por contraposición, se advierte que la negativa de proveer datos procesables vulnera la garantía para que las personas puedan darle a la información el tratamiento necesario en función de necesidades propias. Entonces, los datos en formato procesable no solamente constituyen una conveniencia u oportunidad en cuanto a la construcción de conocimiento, sino también de una garantía para proteger a toda persona de poder ejercer esa posibilidad.

El formato procesable no impone carga adicional de trabajo a las instituciones. En algunas denegatorias, las instituciones han argumentado que la Ley de Acceso a la Información Pública solo las obliga a entregar información en “la forma en que lo permita el soporte” disponible, que para estas son los documentos y cuadros ya procesados. Sin embargo, salvo contadas excepciones, la falsedad de tal argumento queda pronto en evidencia cuando se les interroga sobre los soportes desde donde se generaron esos documentos o cuadros. Normalmente vienen de textos digitalizados, registros tabulados o manejadores de bases de datos. Ese fue el caso de la Asamblea Legislativa, de la que en un primer momento se afirmaba que los listados impresos de las votaciones eran el soporte disponible, pero al cuestionar de dónde fueron extraídos los datos de esos listados, se admitió que fue de la base de datos de votaciones legislativas.

A pesar de los obstáculos, por sobre todo hay tendencias positivas. En varias instituciones atender solicitudes de datos en formato procesable ahora es frecuente y lo hacen sin poner ningún reparo. Además, el lanzamiento del Portal de Datos Abiertos es una acción que, de consolidarse, se establecerá como la regla general. De continuar estas tendencias, lo que se abre entonces es el desafío en el lado de la ciudadanía de buscar y encontrar mejores usos para los datos. Seguramente en el futuro inmediato, en correspondencia con el aumento de los datos en formatos procesables, también crecerán las visualizaciones, los análisis y las deliberaciones apoyadas por esos datos.

El uso de formatos procesables es una de las características de los datos abiertos. Los datos abiertos son aquellos que pueden ser consultados, procesados, usados y distribuidos libremente. Otras características incluyen el origen de fuentes primarias, el uso de licencias no restrictivas, la libertad de usar diferentes programas (especialmente no propietarios), así como condiciones de acceso no discriminatorias. Los datos abiertos son el input de una comunidad de actores públicos y privados que operan como intermediarios en la producción de conocimiento social y económicamente útil. Para la gestión pública, los datos abiertos representan una promesa para mejorar la transparencia, la participación y el control democrático, así como la eficiencia y efectividad de las políticas públicas.

 

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