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Análisis del Presupuesto Votado 2018

El pasado viernes 5 de enero, después de unas intensas negociaciones en la Asamblea Legislativa, se aprobó el Presupuesto General del Estado 2018 por $5,467.5 millones; monto $53.0 millones menor que el Proyecto del Presupuesto General del Estado 2018 presentado el 29 de septiembre de 2017. Como resultado de las negociaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y entre los partidos políticos, hubo una reestructuración importante, que se evidencia al observar las variaciones entre el Proyecto del Presupuesto y el Presupuesto Votado. 

Como aspecto relevante, el proceso de elaboración y votación del Presupuesto sucedió dentro de dos grandes marcos normativos derivados de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social aprobada en noviembre de 2016, así como también la Sentencia de la Sala de lo Constitucional de julio de 2017 que estableció mediante un fallo estructural la inconstitucionalidad del Presupuesto General del Estado 2017.

El Presupuesto Votado 2018 tuvo un incremento en sus fuentes de financiamiento al compararlo con el Proyecto del Presupuesto. En detalle, se incrementaron $86.0 millones que corresponden a alzas de los ingresos tributarios proyectadas por la mayor recaudación de IVA ($26.0 millones) e Impuesto Sobre la Renta ($60.0 millones). El Proyecto del Presupuesto presentó un panorama conservador de crecimiento de los ingresos tributarios (2.9%); sin embargo, con las modificaciones dicho incremento pasó al 4.8%, previendo una recaudación de impuestos más favorable. 

Según la clasificación económica, los mayores incrementos en el Presupuesto Votado con respecto al Proyecto del Presupuesto sucedieron en los Gastos de Consumo y las Transferencias Corrientes por $13.6 millones y $20.9 millones, respectivamente. Destaca al interior de las Transferencias Corrientes lo destinado a las Transferencias al Sector Privado que tuvo un incremento durante el proceso de negociación y discusión del Presupuesto de $23.0 millones, algunos de los cuales podrían estar dirigidos a entidades privadas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) receptoras de fondos públicos. Otra modificación sustancial es la caída en $40.0 millones en los Gastos Financieros del Presupuesto Votado con respecto al Proyecto de Presupuesto presentado en septiembre del año pasado.

Por otra parte, al observar el Presupuesto Votado 2018 según áreas de gestión, se destaca lo destinado a Desarrollo Social, $2,381.4 millones, o sea $259.3 millones más que los destinado a dicha área de gestión en el Presupuesto Votado 2017; siendo este incremento un aspecto aparentemente positivo, ya que denota un mayor esfuerzo del Estado para destinar más recursos al ámbito social en términos nominales. Sin embargo, una revisión más detenida muestra cómo con respecto al Proyecto del Presupuesto, lo destinado a Desarrollo Social cayó en $31.2 millones. Otros cambios relevantes sucedieron en las Obligaciones Generales del Estado donde hubo un recorte por $46.1 millones, y en Desarrollo Económico que hubo un incremento de $13.4 millones.

En el plano jurídico se debe tener presente, como se destacó en líneas atrás, la Sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el Presupuesto 2017, emitida en julio del año pasado. Según dicha Sentencia, un aspecto importante que estableció la inconstitucionalidad del Presupuesto General del Estado 2017 fue la insuficiente provisión de recursos para las devoluciones de IVA e ISR a los contribuyentes. En el Presupuesto Votado 2018 se aprobó para devoluciones el monto de $25.0 millones, $40 millones menos que lo previsto en el Proyecto del Presupuesto 2018 ($65.0 millones). En ese sentido, existe la probabilidad de incumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, pues solo entre enero y noviembre de 2017, el gobierno tuvo que realizar devoluciones a los contribuyentes por $79.13 millones.

En el ámbito del número de plazas y los montos en remuneraciones, se destaca que a pesar de los problemas de liquidez y del mandato de la Sala de lo Constitucional de desacelerar el aumento del empleo público, éste aún se mantiene. El Presupuesto Votado 2018 contiene 707 nuevas plazas, de las cuales 149 corresponden a la Asamblea Legislativa. Este incremento en el número global de plazas se traduce en un alza de gastos salariales por el orden de $27.2 millones. Como dato relevante, el Ministerio de Educación solo registra un incremento de 3 plazas, mientras que el Ministerio de Salud contempla 53 plazas menos que en 2017.

En lo correspondiente a recursos orientados a ONG, la Sala de lo Constitucional estableció que la asignación de fondos debía realizarse con previo análisis. En el Proyecto del Presupuesto 2018 se redujeron 54 entidades receptoras de fondos con respecto al Presupuesto Votado 2017, pero curiosamente durante la negociación legislativa que derivaron en el Presupuesto Votado 2018 aparecieron 18 nuevas ONG recibiendo un monto de $3.0 millones.

Como se puede ver, el Presupuesto 2018 fue aprobado corrigiendo algunos de los vicios que la Sala de lo Constitucional señaló un la Sentencia de julio de 2017. No obstante, a pesar del referido fallo, el incremento del gasto continua en los rubros que no corresponden precisamente a las carteras de Educación, Salud y Seguridad. Adicionalmente, a pesar de haber incluido en el Proyecto de Presupuesto un monto razonable para devoluciones de impuestos a los contribuyentes, éste se redujo en $40 millones en el Presupuesto Votado 2018.

Como punto final, y no por ello menos relevante, debe destacarse que el gasto de las carteras de Educación y Salud se redujo como proporción del PIB, siendo éste un aspecto central en la resolución de la Sala de lo Constitucional: que las carteras que podrían registrar incrementos única y exclusivamente eran las relacionadas con Educación, Salud y Seguridad en aras del cumplimiento de los Derechos Fundamentales de la población, especialmente de la más necesitada.


San Salvador, 26 de enero de 2018.

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